La cadena de desfalcos, a nombre de la protección del derecho a la salud, están a la orden del día:
Son múltiples los hechos que demuestran el desfalco, sobrecostos y enriquecimiento de actores institucionales y personas naturales en el sistema de salud colombiano. Estos tienen en común la intermediación privada resultado del desarrollo de la ley 100 de 1993, que convierte la salud en un negocio lucrativo, en lugar de centrarse en las necesidades de salud de la ciudadanía.
Entre los desfalcos están:
• Los recobros de medicamentos y procedimientos, en su gran mayoría incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) así como los sobrecostos en medicamentos e insumos, denunciados por la Federación Médica.
• La Superintendencia de Industria y Comercio ha evidenciado los acuerdos entre las EPS para negar servicios, realización de recobros de forma indebida y el manejo tendencioso de la información.
• Las vergonzosas actuaciones de la Superintendencia de Salud, al no ejercer un adecuado control para evitar la integración vertical de las aseguradoras, además de anular la sanción a Salucoop, por utilizar recursos de la salud para invertir en infraestructura, en beneficio del patrimonio de sus múltiples empresas anónimas.
• Las nacientes empresas privadas de auditoria, que cobran la intermediación para agilizar el pago de muchas cuentas que están represadas en el FOSYGA.
• Ahora un nuevo desfalco, desde el propio Ministerio de Protección Social con la complicidad de funcionarios, el FOSYGA y de las EPS, al realizar recobros de pacientes que no existen.
Estos escándalos no son nuevos, se denunciaron de diferentes maneras pero hubo oídos sordos y silencio por parte del Congreso, en los Ministerios de Protección Social y Hacienda, en la Presidencia de la República y en la Superintendencia Nacional de Salud encargada de la vigilancia del sistema de salud.
Esta situación antes de mejorar se profundiza, lo que más causa indignación es que con la Ley 1438 de 2011, y su reglamentación, se pretende dar más poder a quienes han generado estos desfalcos porque las EPS podrán acordar no solo como negar servicios (barreras de acceso), seguir recobrando procedimientos, medicamentos e insumos que están cubiertos en el POS con sobrecostos astronómicos, sino que adicionalmente podrán acodar como sacarle mayor rendimiento financiero para contener las acciones de promoción y prevención a nombre de la Atención Primaria en Salud (APS).
Esta ley 1438 además ordena que las Departamentos y Municipios hagan giros directos a las EPS para que sigan ganando a la fija, mientras que los hospitales públicos siguen en crisis financiera porque las EPS no les pagan la prestación de servicios contratados y el Gobierno no gira recursos a los hospitales.
No olvidemos que es el mismo Presidente de la república, quien hace menos de cuatro meses firmó la Ley 1438 de 2011 aprobada por su Congreso como expresión de la Unidad Nacional que facilita el mercado de la salud en manos de particulares avaros. Esta situación de la salud ha sido promovida por los diferentes gobiernos durante estos 18 años de desarrollo de la ley 100.
Lo anterior demuestra que la causa de todos “males” de la salud es la ley 100 del año 93 y sus reformas posteriores, de ahí la necesidad del cambio total del Sistema General de Salud y Seguridad Social por uno que garantice la salud y la seguridad social como derechos fundamentales, sin intermediación privada.
Por eso nuestra campaña denuncia la vulneración del derecho a la salud y proclama la construcción de una ley integral de salud y seguridad social que remplace la ley 100 de 1993, a través de un pronunciamiento público de la sociedad colombiana en las elecciones de octubre de 2011 por medio de la Octava Papeleta Salud y Seguridad Social. Universal, Pública, Equitativa e Integral.
PLANTÓN PLAZA DE BOLÍVAR, Bogotá Mayo 10 de 2011